A pesar de este mandato, medios de comunicación informativos y las propias redes sociales han venido publicitando que se van a adelantar las elecciones presidenciales, en base a declaraciones de voceros del oficialismo, aunque a nuestro juicio sin ninguna fundamentación.

Julio César Hernández

Julio César Hernández – Abogado

En nuestro país, la política se hace tratando un sector político de sorprender al otro o a los otros. En tal sentido el régimen dominante se muestra amenazante al momento de hacer una propuesta o un conjunto de propuestas, pues sabe perfectamente que dispone del poder y por ende de los aliados estratégicos para mantenerse al frente del país, para llevar a buen término sus planes, convencido también que las oposiciones se encuentran dispersas y no muestran un apice de voluntad política, para lograr una verdadera unidad electoral y política con miras al año 2024, año en que de acuerdo a la Constitución vigente se deben llevar a cabo las elecciones presidenciales.

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Sobre esta última circunstancia el texto constitucional muestra claramente que el periodo presidencial es de seis (6) años, con reelección indefinida. A pesar de este mandato, medios de comunicación informativos y las propias redes sociales han venido publicitando que se van a adelantar las elecciones presidenciales, en base a declaraciones de voceros del oficialismo, aunque a nuestro juicio sin ninguna fundamentación, pues tampoco se le ha informado al país, si se piensa activar uno cualquiera de los mecanismos de reforma constitucional: enmienda o reforma o si hay acuerdos para ejecutarlos en el corto o mediano plazo, lo cual luce muy remoto.

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Para empezar a despejar el título de este artículo de opinión, cabe decir que la propuesta del gobierno no tiene sustento constitucional, salvo que el régimen dominante decida cómo en 2018 sobreponerse al orden legal y aprovechar la nula resistencia que en la actualidad tiene en su contra, y convocarlas de modo adelantado a través de su aliado CNE, donde cuenta con tres (3) rectores para intentar materializar esta nueva trastada a sabiendas que se expondría a que le aplicaran nuevamente sanciones por la comunidad internacional, que aunque las pueda evadir como en ocasiones anteriores, le dan muy mala imagen.

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En un país como el nuestro, en donde no hay diálogo político útil entre las distintas fuerzas políticas, todo lo que pueda suceder será como en este caso divorciado del Estado de Derecho, pues si en algo también ha tenido logros este gobierno, es el de inducir la desesperanza a nuestra Sociedad, al hacerles creer que contra sus decisiones no se puede hacer nada o que no se van a cambiar las cosas, lo cual constituye una peligrosa claudicación ciudadana.

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Por último, se agrega que Venezuela no es un sistema parlamentario en donde esa institución sería el eje del poder político y el único órgano elegido por sufragio universal a diferencia del sistema presidencialista que como el nuestro, concentra el poder en su cabeza de manera exacerbada y surge de la soberanía popular y no del Parlamento. Eso hace que el Presidente no dependa para su elección o remoción de una mayoría deliberante, ni pueda ser adelantada su elección por causa legal. En definitiva debe ocurrir que haya de esperarse la culminación del actual periodo presidencial, para que funcione nuevamente el mecanismo de elección, sin recorte o tijerazo alguno.

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