El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria, y mostraron su alarma por informes que apuntan a que periodistas, abogados y trabajadores médicos han sufrido represalias o detenciones por denunciar estos problemas económicos y sociales.

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Expertos de la ONU pidieron hoy al Gobierno de Venezuela que informe de sus planes para hacer frente a «los devastadores efectos de la crisis económica del país sobre los derechos humanos», aunque instaron también a EEUU a levantar unas sanciones que no hacen sino «agravar el sufrimiento».

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«El Gobierno debe explicar inmediatamente cómo piensa apoyar a la gente», que en muchos casos apenas puede subsistir, destacó un comunicado firmado por los relatores especiales de la ONU sobre extrema pobreza (Olivier De Schutter), agua y sanidad (Léo Heller) y educación (Koumbou Boly Barry).

Los tres relatores indicaron que el Gobierno de Nicolás Maduro ha culpado de la crisis humanitaria a las sanciones internacionales cuando «la escasez de alimentos, la hiperinflación, los cortes de energía y agua, y el creciente desempleo precedieron a las restricciones comerciales».

ONU Venezuela

Con todo, los expertos subrayaron que Estados Unidos debe levantar de inmediato sus sanciones, que siguen causando un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano, «especialmente a la luz de la pandemia de coronavirus».

En la actual crisis sanitaria, el sistema de salud venezolano está colapsando, con muchos hospitales luchando por seguir en funcionamiento cuando en algunos casos carecen de suministro de electricidad o agua corriente, subrayaron.

En el campo educativo, el comunicado recordó que Venezuela ha perdido miles de maestros y muchos niños ya no asisten a la escuela porque no tienen energía por falta de comida en casa o no pueden pagar el transporte.

«Esto supone que la crisis cause daños perdurables a la próxima generación», subrayaron los expertos.

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Por otro lado, señalaron que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria, y mostraron su alarma por informes que apuntan a que periodistas, abogados y trabajadores médicos han sufrido represalias o detenciones por denunciar estos problemas económicos y sociales.

«Cualquier persona detenida arbitrariamente debe ser liberada inmediatamente, y el gobierno debe investigar estas acusaciones», instaron en el comunicado.

Fuente: EFE

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