José Miguel Vivanco afirmó que la violación de derechos humanos en Venezuela se agrava, porque no hay instituciones que frenen la actuación del Estado.
Recientemente el presidente Nicolás Maduro ordenó que civiles sean procesados ante la justicia militar, esto al referirse a aquellos ciudadanos que sean detenidos por cuerpos de seguridad en las protestas de calle.
Ante esta advertencia del primer mandatario nacional, el director ejecutivo de la ONG Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció este martes y se unió a decenas de voces que condenan el uso de la justicia militar para juzgar a civiles en Venezuela y reconocida por el Estado como política.
-Es una barbaridad. Resulta curioso que justo después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz criticó al gobierno y cuestionó que los partes de detención de la GNB no están bien hechos, el presidente Nicolás Maduro ordene que civiles sean procesados ante la justicia militar, donde controla a fiscales y jueces- afirmó Vivanco.
Recordó la declaración de Ortega del miércoles 26 de abril, cuando relató que 38 personas detenidas en Nueva Esparta por la GNB fueron puestas en libertad a petición de la Fiscalía, porque no había un acta policial que explicara las “condiciones de modo, fecha y lugar en que esas personas incurrieron en delito”.
A juicio de Vivanco, la decisión de activar la justicia militar contra civiles “pareciera una maniobra burda para controlar el resultado de los procesos que, por lo demás, van en contra de los estándares básicos internacionales de derechos humanos”.
“La represión del disenso, por medio de la brutalidad policial y disparos indiscriminados de gases lacrimógenas, (…) es propio de un régimen autoritario”
Para José Miguel Vivanco es inaceptable la represión contra cualquier manifestación pacífica y condenó la ejecución de maniobras por parte de la GNB y la PNB, totalmente contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.
“La represión del disenso, por medio de la brutalidad policial y disparos indiscriminados de gases lacrimógenas, de detenciones arbitrarias y de abusos contra los detenidos, es propio de un régimen autoritario que se aferra al poder ignorando los derechos básicos de sus ciudadanos, incluso el de la libertad de expresión, pero también el derecho a la vida y la integridad física”.
Consideró “muy graves” la actuación de civiles armados y la desproporción de la respuesta de las fuerzas del orden público: “La existencia de colectivos armados que operan impunemente junto con las fuerzas de seguridad, cometiendo abusos contra los manifestantes, y los incidentes de uso indiscriminado de gases que afectaron a viviendas, e incluso centros de salud, son hechos muy graves que van contra un principio básico internacional que indica que el uso de la fuerza en el control de manifestaciones públicas debe ser proporcional”.
Con respecto al arrollamiento de un grupo de personas por parte de una tanqueta militar el miércoles 3 de mayo, enfatizó: “Sin ninguna duda, genera responsabilidad internacional del Estado si el hecho fue cometido por un funcionario público y en respuesta a una manifestación pacífica”.
“73 civiles han sido privados de la libertad en el país por decisión de tribunales militares”
“Un factor que agrava la situación en Venezuela, en particular, es que estos abusos ocurren con total impunidad porque no hay instituciones públicas en pie que logren actuar como un freno al Poder Ejecutivo”, concluyó.
La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) aseguró hoy que 73 civiles han sido privados de la libertad en el país por decisión de tribunales militares, de las 137 que han sido presentadas ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales en el país.
«73 personas han sido privadas de libertad como consecuencia de decisiones de tribunales militares», dijo el director ejecutivo de la ONG, el abogado Alfredo Romero, durante una intervención en la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora.
El abogado indicó que en los últimos días 118 personas del céntrico estado Carabobo fueron presentadas ante tribunales militares que se instalaron en los comandos de la Guardia Nacional y que hoy fueron presentados 19 estudiantes que manifestaban en el estado occidental de Falcón.
«En el caso particular de Carabobo hemos encontrado que en las audiencias las personas están armadas, por lo menos 11 militares armados con armas automáticas, violando el derecho a la defensa e intimidando a los detenidos, evidentemente nadie declaró», dijo.
Aseguró que en la mayoría de los casos, el FPV ha encontrado que «no existe ningún tipo de evidencia para poder acusar a nadie» y puso el ejemplo de los presuntos involucrados en los saqueos que se produjeron en Carabobo la semana pasada.
«Por saqueos se habían robado unas piernas de jamón y esta persona no fue imputada, ni se precalificaron los delitos como hurto o robo, ni siquiera alteración del orden público sino como instigación a la rebelión y vilipendio», señaló Romero.
El abogado explicó que en estos casos se «creó una narrativa» de que estas personas capturadas en el escenario de saqueos «estaban supuestamente atacando a los guardias nacionales» y también se responsabilizó «a supuestos dirigentes de oposición» de causar esta situación.
«Todas estas evidencias las tiene la Fiscalía General de la República porque han estado presentes en cada una de las denuncias que se han planteado ante los tribunales», apuntó y pidió al Parlamento invitar a la fiscal general, Luisa Ortega, a una sesión legislativa para que hable de esta situación.
Romero reiteró que en esta ola de protestas antigubernamentales que se inició a principios de abril pasado la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ha aumentado «no solo cuantitativamente sino también cualitativamente».
«No se individualiza a las personas, se detienen de forma general a cualquiera que esté alrededor de una protesta o de una manifestación», indicó y agregó que estas detenciones van acompañadas «de tratos crueles e inhumanos y de torturas».
«En Monagas (este), está el caso del profesor Joel Bellorín, torturado cruelmente y hoy en día privado de libertad, a él lo torturaban para exigir que confesara en contra de dirigentes de oposición», comentó Romero.
La mayoría opositora del Parlamento aprobó hoy el «acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de tribunales militares que usurpan la jurisdicción ordinaria violando los derechos humanos».
El 18 de abril pasado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su decisión de activar el llamado «Plan Zamora», que le fue presentado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el orden interno ante las supuestas amenazas de golpe de Estado auspiciado «desde Washington».
La ola de protestas contra el Gobierno de Maduro en ocasiones ha degenerado en hechos violentos, que han dejado 37 muertos y centenares de heridos y detenidos.
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