“Al  haberse convertido nuestras  fronteras fluviales con Colombia y Brasil en autopistas de ilegalidad la pérdida de soberanía es un hecho cotidiano  que vulnera el artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) referido al ejercicio de la autoridad en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores”, reseña la investigación. 

Javier Tarazona fronteras fluviales

“Las principales vías fluviales de Venezuela son utilizadas por grupos armados irregulares, organizaciones de guerrilla de origen colombiano y bandas criminales para controlar los territorios fronterizos, las actividades económicas ilegales y  desarrollar todo tipo de delitos”, así se desprende del boletín Nº 17 de FundaRedes titulado: «Fronteras fluviales de Venezuela: autopistas de ilegalidad con Colombia y Brasil», publicado recientemente.

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El documento señala como los  espacios donde las organizaciones al margen de la ley llevan a cabo sus crímenes a la cuenca lagunar Marabina y la hidrográfica del río Catatumbo (entre el departamento de Norte de Santander, Colombia, y el estado Zulia, Venezuela); un importante tramo del río Táchira que separa el departamento de Norte de Santander en Colombia y el estado Táchira en Venezuela; así como también a los ríos Arauca, Meta y Orinoco, límites entre Colombia y Venezuela desde el llano hasta la Amazonía, y el río Negro, en la frontera entre Venezuela y Brasil.

De acuerdo al trabajo de documentación realizado por FundaRedes, en  las fronteras de Zulia y Táchira con Colombia los ríos conectan cientos de pasos ilegales, conocidos como trochas y  en la medida en que el caudal es más abundante y los ríos se hacen más navegables, se convierten en verdaderas autopistas fluviales, ríos de ilegalidad que conectan a Venezuela con Colombia y Brasil.

Según un testimonio obtenido por la  ONG durante la investigación,  en las inmediaciones del río Arauca,  la disidencia de las FARC ejerce el control del territorio, narcotráfico y contrabando de gasolina, igualmente realizan secuestros en Colombia y desplazan a sus víctimas a territorio venezolano para mantenerlas en cautiverio,  modalidad que aplican desde el año 2018, asegurando que  en el 2019 unas 10 personas secuestradas fueron trasladadas por estos pasos y ya se han reportado, al inicio del 2020, casos similares.

“En el estado Apure los plagiados son movilizados no solamente por el río Arauca binacional, sino también por otros sectores ribereños de El Amparo, La Victoria, Los Pájaros, en los municipios Páez y Rómulo Gallegos del estado Apure que confluyen con el departamento de Arauca-Colombia”, indica el estudio.

La organización pro defensa de DDHH asegura que en todo el territorio fronterizo los grupos armados irregulares que utilizan los ríos y cuerpos de agua como autopistas de ilegalidad son principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las FARC, que además controlan las poblaciones y territorios adyacentes; pero en algunas zonas como la frontera entre Táchira y Norte de Santander, e incluso el sur del lago de Maracaibo, en Zulia, opera una decena de bandas delincuenciales con alto poder de fuego que se disputan también el control de estos territorios de frontera y los pasos fluviales asociados a ellos.

 

fronteras fluviales Venezuela

Este dominio armado sobre los pasos fluviales fronterizos – argumenta FundaRedes-  impide el libre tránsito, vulnerando así el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho a circular libremente, así como también el artículo 50 de la Constitución venezolana que refiere al derecho que tiene cualquier ciudadano a transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional.

Estos pasos constituyen también vías expeditas para desaparecer evidencias vinculadas a delitos, incluidos cadáveres de ciudadanos plagiados y asesinados en sus riberas.

El informe destaca la grave situación de violencia que vive el estado Bolívar,  donde  los cursos de agua se convierten, además, en receptores de gran cantidad de desechos químicos provenientes de la explotación ilegal de las minas de oro controladas por grupos armados autodenominados “sindicatos”, así́ como por disidencia de las FARC y facciones del ELN, actividades ilícitas que han sido denunciadas por diversas organizaciones y medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.

“Al  haberse convertido nuestras  fronteras fluviales con Colombia y Brasil en autopistas de ilegalidad la pérdida de soberanía es un hecho cotidiano  que vulnera el artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) referido al ejercicio de la autoridad en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores”, reseña la investigación.

De igual manera – revelan las diversas denuncias y testimonios recogidos por los activistas de FundaRedes-  muchas veces miembros de cuerpos de seguridad del Estado lejos de garantizar seguridad actúan en complicidad con los grupos armados irregulares que dominan las zonas de frontera.

Para la organización defensora de DDHH,  al estar estos pasos fluviales fronterizos controlados por los grupos armados irregulares, los mismos sirven abiertamente para el desarrollo de actividades ilegales de tráfico, facilitan la explotación indiscriminada de recursos minerales y su transporte ilegal en detrimento de las poblaciones, lo que constituye una flagrante violación de los derechos a la vida, al libre tránsito, a la integridad y seguridad previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  la Convención Americana de los Derechos Humanos y en pactos y convenios suscritos por el Estado venezolano; vulnerando además  la garantía de la protección del ambiente para generaciones presentes y futuras establecido en el artículo 127 de la Constitución de Venezuela.

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En ese sentido, el pasado  21 de febrero de 2020 FundaRedes denunció en la Fiscalía General de la República las actividades ilegales cometidas por los grupos armados irregulares documentadas los últimos meses en los estados fronterizos venezolanos, solicitándole al Estado venezolano  investigar estos hechos irregulares a fin de garantizar a la población los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana, así́ como también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. S. M. CNP 7.996

Infografía: FundaRedes

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