Con 25 unidades productivas y con una inversión de 1 mil millones de pesos, buscan beneficiar a 100 expimpineros, (persona que se dedicaban a vender gasolina de contrabando en las calles de la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta)
La medida además de reintegrarlos socialmente, busca mejorar la calidad de vida de éstas familias que por muchos años vivieron ejerciendo la venta de combustibles de contrabando proveniente de Venezuela, actividad ilegal que tiene duras penas, -entre las cuales, según la nueva ley anti contrabando colombiana-, contempla la extinción de dominio de los bienes e inmuebles donde se expendan o se transporte combustibles de contrabando.
La información la dió a conocer a los medios Leonel Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico del gobierno colombiano.
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