El director de FundaRedes dijo que la violencia que se vive en Venezuela es el resultado de la emergencia humanitaria compleja con el sistema de salud destruido, la educación paralizada, los servicios públicos que no garantizan una vida digna a los ciudadanos, y todo esto lleva a que se genere una economía paralela que permite el aumento de mafias y de operaciones de grupos armados irregulares en la zona de frontera como resultado de la desesperación de la personas en la búsqueda de sobrevivencia en un contexto opresivo y desesperanzador.

Javier Tarazona violencia frontera

“En la frontera la verdadera pandemia es la violencia” así lo afirmó Javier Tarazona, director general de FundaRedes, quien lamentó los 284 homicidios registrados durante el último trimestre del año 2020 en el informe Curva de la Violencia, además de 69 desapariciones y 86 enfrentamientos armados en seis estados fronterizos de Venezuela.

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De esta forma el director de FundaRedes denunció que el terror en el que viven los ciudadanos producto de la actividad delincuencial fronteriza, le ha ganado al COVID-19, y así se evidencia al presentar el informe Curva de la Violencia correspondiente  a la documentación hecha por la red de activistas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los estados Táchira, Zulia, Bolívar, Apure, Amazonas y Falcón, el cual demuestra nuevamente un incremento de los hechos delictivos en el país, con respecto al mismo período del año anterior.

Javier Tarazona destacó que en Venezuela no se cumplen los estándares internacionales, ni se hacen esfuerzos para erradicar la trata de personas y es por ello que se da un aumento de 527% en las desapariciones o secuestros comparado con el 2019.

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Detalló que un total de 284 homicidios se registraron en los seis estados fronterizos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a razón de 133 en Zulia que se constituye como el estado más violento de la frontera venezolana, 68 en Bolívar, 38 en Táchira, 37 en Falcón, 5 en Apure y 3 en Amazonas.

De los 284 casos de homicidios, al menos 113 fueron víctimas de enfrentamientos armados donde participaron cuerpos policiales o militares, lo cual indica que 39,7% de las víctimas murieron a manos de funcionarios de organismos de seguridad, mientras que los demás casos se dieron en robos, venganzas y feminicidios.

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En cuanto a las desapariciones se documentaron 69 en total, divididos en: 26 en Táchira, 16 en Bolívar, 10 en Apure, 9 en Zulia, 6 en Falcón y 2 en Amazonas; en este caso las cifras ascendieron en más de 500% con respecto al 2019, cuando solo se documentaron 11 desapariciones en los seis estados fronterizos del país.

Mientras que en la unidad de análisis de enfrentamientos armados, Javier Tarazona señaló que se contabilizaron 86 en todo el trimestre, de los cuales 59 fueron en Zulia, 15 en Bolívar, 9 en Falcón y 3 en Táchira, en los que destaca la participación de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos armados irregulares, sin embargo se mantiene el patrón de presentarlos como casos de “resistencia a la autoridad”.

En cuanto a las desapariciones o secuestros Javier Tarazona dijo que a pesar de que la red de activistas hace el mayor esfuerzo por documentar la totalidad de las víctimas, hay otros casos que no están registrados, debido a que la familias de los desaparecidos tienen temor y prefieren no denunciar, guardar silencio y esperar a encontrar a sus seres queridos por cuenta propia, incluso en la mayoría de los casos sin usar a las instituciones del Estado.

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Recordó el vocero de FundaRedes que el informe Curva de la Violencia busca visibilizar el incremento de los índices de criminalidad en el país, que se ha dado aún en medio de las restricciones y de la disminución de la actividad económica producto de la pandemia por COVID-19, situación que el Estado pretende ocultar, negando las estadísticas reales.

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Así mismo expresó que la violencia que se vive en Venezuela es el resultado de la emergencia humanitaria compleja con el sistema de salud destruido, la educación paralizada, los servicios públicos que no garantizan una vida digna a los ciudadanos, y todo esto lleva a que se genere una economía paralela que permite el aumento de mafias y de operaciones de grupos armados irregulares en la zona de frontera como resultado de la desesperación de la personas en la búsqueda de sobrevivencia en un contexto opresivo y desesperanzador.

Prensa FundaRedes

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