La ministra Iris Varela, desde el Táchira informó que a nivel nacional van más de mil privados de libertad quienes se han beneficiado de este Régimen de Confianza Tutelar, el cual, a pesar de que la persona salga de los centros de reclusión, todavía siguen sometidos a una serie de medidas y normas restrictivas, como lo es la presentación ante el Ministerio Público.

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Anunció Iris Varela, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, desde el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en el municipio Córdoba del estado Táchira, que 151 privados salieron en libertad bajo la figura de confianza tutelada, prevista en el Código Orgánico Penitenciario y ahora son integrados a la sociedad en donde pondrán en práctica las capacitaciones adquiridas mientras cumplían su condena.

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Informó Varela que este beneficio dentro del Plan Cayapa, le es otorgado a una serie de privados de libertad que califican para ello, teniendo en cuenta el cumplimiento del 75% de su condena en cárcel.

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«Los excarcelados son insertados en la sociedad, en donde ya tienen empleo en empresas públicas y privadas, mientras que otros continuarán o comenzarán sus estudios académicos», dijo.

Ningún caso positivo de Covid-19 en cárceles del país

Aclaró, que  los diferentes recintos carcelarios  «cuentan con los protocolos sanitarios necesarios para evitar el surgimiento de algún caso positivo de covid-19 y hasta los momentos  no se ha registrado ningún caso de coronavirus en las penitenciarías del país».

Continuó diciendo que «Somos nosotros los que ingresamos a los centros en donde colocamos en peligro a la población penal».

Recalcó que a los privados de libertad se les realizan «de manera constante los diagnósticos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por el Ejecutivo nacional y que además, se les brinda información a través de charlas, con el objetivo de educarlos en la prevención e informarles sobre el riesgo que significa el virus».

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Igualmente le aplican a quienes ingresan a los centros penitenciarios, quienes pasan por una serie de controles epidemiológicos, ya que de entrar una persona infectada a cualquier centro penitenciario nacional «sería una tragedia».

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