Rozo llama a Defensoría del Pueblo a intervenir en casos de personas con cédula objetada

José Rozo
José Rozo criticó que la objeción de cédula se haya hecho de manera abrupta, sin un proceso administrativo
El dirigente empresarial advirtió que  estas personas han caído en una especie de limbo  jurídico y corren el riesgo de que les sea anulada su cédula de identidad, lo cual  afectará su libre desplazamiento y desenvolvimiento en el país.

El dirigente empresarial de la frontera y coordinador regional de IPP Gente, José Rozo, hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo a velar por los casos de las personas con cédula objetada.

En ese sentido explicó en entrevista ofrecida al Diario La Nación que de acuerdo con la Constitución la asistencia de las personas que se encuentran en esta situación debe llenarla la Defensoría del Pueblo, porque dentro de sus funciones está la de canalizar a la brevedad,  a través de las defensorías delegadas en cada estado. Deben realizar el censo de las personas que estén en esta situación. También se debe realizar la estadística de quienes pudiesen estar en peligro de perder la cédula.

Dijo que “es una situación legal en la que se encuentran amas de casa, trabajadores,  comerciantes,  industriales y empresarios, por lo que pido a la  Defensoría del Pueblo  que intervenga para encaminar el procedimiento que permita resarcir  los derechos que les están siendo vulnerados a personas extranjeras que obtuvieron la ciudadanía venezolana por naturalización”.

Advirtió que  estas personas han caído en una especie de limbo  jurídico y corren el riesgo de que les sea anulado su documento de identidad, lo cual  afectará su libre desplazamiento y desenvolvimiento en el país. Aquellos que tienen negocios, comercios e industrias, se ven perjudicados  para continuar  desarrollando  su actividad de manera normal como empresarios.

Criticó que la objeción de la cédula se  haya  hecho  de manera abrupta, sin  abrir un proceso administrativo, como lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo;  sin haber publicado ninguna circular, sin  ningún decreto  en Gaceta Oficial.  Eso crea inseguridad.

“La idea es que no se convierta esto en un elemento más de desequilibrio e inseguridad jurídica en la zona  de frontera. Estamos de acuerdo  en que deben revisar aquellos procedimientos y el Estado tiene  esa función,  pero no debería  hacerse de manera generalizada porque crea zozobra. Estas personas son privadas de derechos fundamentales, como poder votar. Al no poder votar  se pierde ciudadanía, entonces se convierte en una especie de paria y no creemos que esa sea la intención del Estado como tal”, puntualizó.

Deja un comentario